Justicia y derechos humanos

La Constitución Nacional, aprobada en 1992, avanzó considerablemente en la protección de los derechos fundamentales y en la creación de una institucionalidad democrática. En los 22 años transcurridos desde la promulgación de la misma, el país ha logrado importantes avances en materia de derechos civiles y políticos y de fortalecimiento de las instituciones democráticas, así como en los derechos económicos, sociales y culturales.

A pesar de dichos avances, todavía el camino por recorrer es bastante largo y subsisten aspectos de los derechos civiles y políticos que implican retos importantes, tales como el derecho a una vida libre de violencia debido a la inseguridad ciudadana, diversas formas de maltrato y abuso cuyos principales afectados son los niños/as y mujeres, un sistema de justicia poco eficiente en términos de celeridad de los procesos, la participación ciudadana aún insuficiente, la limitada participación de las mujeres en los espacios de decisión y un débil proceso de descentralización de la administración pública.

En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales el país presenta un atraso relativo. La economía ha crecido de manera sostenida desde 2003 y ha preservado exitosamente los equilibrios macroeconómicos. No obstante el país es el que presenta el menor gasto social del cono sur. En cuanto a los servicios básicos aún no son universales y sus carencias afectan principalmente a las personas que viven en zonas rurales, a los pueblos indígenas, a las mujeres y a la niñez. Los recursos públicos destinados a la salud están muy por debajo del promedio sudamericano. La mortalidad neonatal e infantil sigue siendo muy elevada en los departamentos con mayor población rural y en las comunidades indígenas. Las tasas de mortalidad materna y embarazo de adolescentes están entre las más elevadas del continente.

En cuanto a los derechos ambientales, el país ha comenzado a posicionar estos temas en la agenda política y dispone de un extenso compendio de leyes ambientales. Subsisten grandes desafíos para lograr la institucionalización de la cuestión ambiental, su incorporación en todos los programas estatales y el desarrollo participativo de una conciencia sólida y eficaz, el control efectivo de la deforestación y de la contaminación de los recursos hídricos, y el ordenamiento territorial. Los riesgos de desastre por sequía e inundaciones son crecientes debido al incremento de su intensidad y el aumento de las personas expuestas directamente a los efectos del cambio climático.

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