El Gobierno Nacional presentó un informe pormenorizado de las acciones realizadas para la Rehabilitación de la Infraestructura y Servicios Sociales en la zona norte del país, en el marco de la declaración de emergencia en los departamentos de Canindeyú, San Pedro y Concepción.
La inversión total en estos 90 días de declaración de emergencia fue de aproximadamente 45 millones de dólares beneficiando a más de 400.000 personas.
El informe de las instituciones directamente involucradas destaca el mejoramiento de 89 km de líneas de distribución de electricidad (ANDE), la entrega de créditos productivos a 19.005 personas (CAH) por más de Gs. 26.700 millones y el mejoramiento de 4.138 km de caminos vecinales (MOPC).
En otro orden, fueron mecanizadas cerca de 4.000 hectáreas, incorporando tecnología a la agricultura familiar campesina. Fueron asistidas técnicamente más de 40.000 familias a través de los técnicos agropecuarios del MAG. Por su parte, el Ministerio del Interior informó que 6.179 personas cuentan con documento de identidad por primera vez, lo cual los habilita para participar en distintos programas sociales.
Otros esfuerzos que tuvieron resultados positivos hablan de 262.977 kits escolares entregados a niños y niñas de escuelas públicas y 13 instituciones educativas avanzan con sus obras para la habilitación de educación de primera infancia.
La Dirección de Pensiones no Contributivas del Ministerio de Hacienda (DPNC-MA) entregó pensiones alimentarias a 25.300 adultos mayores en los tres departamentos.
Así también, unos 7.455 adultos mayores recibieron atención médica en sus mismas comunidades a través de los servicios de Atención Primaria a la Salud (APS- MSPyBS) y los servicios ambulatorios que cubrieron asentamientos.
Las Unidades de Salud Familiar (USF) atendieron a 50.745 personas mediante la promoción y el fortalecimiento de sus servicios y fueron creadas 25 USF en asentamientos que no tenían cobertura anteriormente. Mientras tanto, la atención bucodental llegó a 10.106 personas, mayoritariamente niños y niñas con un enfoque educativo y preventivo, fomentando la cultura del cuidado y el aseo personal.
En los tres departamentos se encontraron zonas que no tenían cobertura sanitaria desde la atención primaria a la salud, por ello se realizaron jornadas de visitas a comunidades con brigadas de médicos, enfermeras y odontólogos que llegaron a atender a 17.042 personas; y 13 nuevas ambulancias fueron alistadas en puestos de salud clave por su densidad demográfica en los tres departamentos.
El Plan de acción también puso el acento en la formación del capital humano, por ello se desarrollaron 53 cursos de formación profesional para 1.759 personas, llegando a la población joven y adulta, que se dedican a actividades no agropecuarias (SNPP y SINAFOCAL).
Otros resultados hablan de que 41.456 personas recibieron transferencias monetarias condicionadas del programa Tekoporâ, oxigenando sus economías y asegurando que en estas familias los niños y niñas reciban los cuidados necesarios a su salud y permanezcan en el sistema educativo (SAS).
En estos meses también hubo tormentas y crisis de origen climático afectando sobre todo los medios de vida de comunidades indígenas. Unas 5.920 personas afectadas por el temporal recibieron asistencia alimentaria y materiales para reconstruir sus viviendas (SEN). El informe habla de 360 soluciones habitacionales en proceso y 140 viviendas ya concluidas y entregadas en este marco. Paralelamente, unas 22.500 personas de comunidades de pueblos originarios recibieron alimentos atendiendo a su condición de insuficiencia alimentaria (SEN).
Se informó que 588 personas con discapacidad recibieron ayudas técnicas (SENADIS). Se trabajaron en 46 sistemas de agua que beneficiarán a más de 24.000 personas con acceso a agua potable por primera vez (SENASA).
Por Decreto Nº 2.954 de enero del 2015, el Poder Ejecutivo declaró emergencia en el Departamento de Canindeyú, sumándose éste a los departamentos de San Pedro y Concepción, que ya habían sido declarados en emergencia por Ley de la República Nº 5229/2014 y 5270/2014.
El decreto impuso un plazo de 90 días para encarar el plan de acción trazado. Esta etapa sirvió para marcar una hoja de ruta para las acciones de carácter prioritario que tuvieron por objetivo restablecer indicadores de bienestar y condiciones adecuadas para encaminar procesos de desarrollo acordes al resto del país.
Más información: www.sembrandooportunidades.gov.py