“La estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica”, significó Myrna Cuninghan, presidente del Fondo el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC) por el periodo 2017-2019.
Cuninghan fue ponente en el Coloquio Internacional “Gobernar la tierra en igualdad”, realizado agosto pasado en el marco de la iniciativa regional: “Acceso de mujeres a tierra: autonomía económica, igualdad de derechos y seguridad alimentaria”, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) Paraguay.
“Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y trasmitirlo a las generaciones futuras”, aseguró Cuninghan.
En ese sentido, remarcó que “Para las mujeres indígenas y afro-descendientes, los derechos a la tierra y la propiedad suelen tomar la forma de derechos de propiedad colectiva, y son asociados al derecho a la autonomía e identidad cultural”. Por ello, la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas de 2014, en su párrafo 17, establece el compromiso de apoyar el empoderamiento de las mujeres indígenas y a formular y poner en práctica, en colaboración con los pueblos indígenas, en particular las mujeres indígenas y sus organizaciones, políticas y programas destinados a promover la creación de capacidad y fortalecer sus liderazgo.
Asimismo, puntualizó que la reivindicación territorial de los pueblos indígenas atraviesa dos dimensiones: el espacio y los procesos. “La primera dimensión se expresa en la demanda por el uso, goce, y manejo de los recursos naturales; la segunda en el reclamo del control sobre los proceso de orden político, económico, social y cultural para asegurar la reproducción y continuidad material y cultural del grupo, de forma que aquellos se lleven a cabo según la normativa propia de los `pueblos indígenas”, aclaró.
En relación al reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en América Latina destacó que se ha experimentado avances significativos en las últimas décadas, aunque a distintas velocidades y de acuerdo a las características y especificidades de cada país.
Sin embargo, indicó que todavía existen muchos obstáculos para el pleno disfrute de los derechos de los pueblos indígenas, en particular limitaciones al ejercicio de los derechos a las tierras tradicionales y recursos; graves actos de violencia y el desplazamiento forzoso, derivados de proyectos económicos a gran escala; así como la supresión de las organizaciones indígenas a las formas tradicionales de gobierno.
Apuntó como una barrera contundente para facilitar el acceso de las mujeres a la tierra y servicios que favorezcan su autonomía economía y la igualdad de derechos, la sub representación de las mujeres en cargos de elección popular y de toma de decisiones.
Destacó que “Las mujeres indígenas desempeñan un papel importante en la preservación de la biodiversidad a través de la conservación de las semillas, en la recuperación de prácticas agroecológicas y garantizan la soberanía y seguridad alimentaria desde la producción de alimentos saludables, de ahí la importancia de reconocer la importancia de los conocimientos ancestrales que las mujeres indígenas tienen en la subsistencia alimentaria de los Pueblos Indígenas”.
Enfatizó que “las mujeres rurales continúan viviendo en una situación de desigualdad social y política, la cual se expresa fuertemente en la dimensión económica con menos derechos de tenencia (acceso, uso y transferencia) y el derecho de herencia a la tierra que sigue siendo un desafío en la región, limitando la promoción de igualdad de género y el empoderamiento de la mujer como condición necesaria para erradicar la pobreza y el hambre en la región”.
La iniciativa inter-agencial de “Acceso de mujeres a tierra: autonomía económica, igualdad de derechos y seguridad alimentaria” es una herramienta importante para avanzar en la protección de los derechos de las mujeres en general y de las mujeres indígenas en particular.
Esta iniciativa incluye igualmente una hoja de ruta para su implementación que implica lineamientos de políticas y de marcos normativos concertados en los espacios regionales para incentivar a los estados a adoptar medidas que permitan cerrar la brecha de género en términos de acceso a tierra para mujeres rurales, indígenas y campesinas.
Para ello dijo que “Es necesario respetar los modelos propios de seguridad alimentaria y nutricional de los pueblos indígenas con pertinencia cultural, acordes a sus particularidades socioculturales de cada pueblo, viables desde el punto de vista político y ecológico, facilitando la articulación de alianzas entre los pueblos indígenas y la agenda campesina de agricultura familiar y soberanía alimentaria”.
Concluyó afirmando que “Deben tomarse todas las acciones legales y financieras, entre otras, para asegurar a las mujeres indígenas su acceso a las tierras y recursos, en condiciones de que les permita desarrollarse adecuadamente”.