Por primera vez los tres poderes del Estado asumen compromisos en el marco de Gobierno Abierto. De 22 compromisos asumidos por el país en el Cuarto Plan de Acción 2018 – 2020, 4 de ellos corresponden al Poder Judicial, 2 al Poder Legislativo y 12 compromisos al Poder Ejecutivo. De esta manera se fijan metas de transparencia, participación ciudadana y de rendición de cuentas.
El Poder Judicial, entre otros compromisos asumidos, se encuentra la implementación de un programa de justicia digital, mediante un plan de gestión electrónica de juicios. Así como la creación de un portal de datos abiertos, una ventana de transparencia y acceso a la información pública, además de mantener diálogo constante con la ciudadanía.
Por parte del Poder Legislativo, los compromisos asumidos incluyen implementar mecanismos para mejorar el seguimiento de la gestión legislativa y el desarrollo de espacios que faciliten la participación ciudadana; creación de un mecanismo de medición de productividad de los agentes fiscales de las unidades especializadas de Delitos Económicos, anticorrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; transparentar juicios y mecanismo de prevención de la tortura a la instalación de un observatorio del sistema de justicia penal, entre otros.
Seguidamente, en el Poder Ejecutivo se resaltan compromisos para una estrategia participativa en la transformación educativa; la rendición de cuentas a pueblos indígenas; la tramitación en línea de beneficios previsionales; fortalecimiento de la calidad de la participación ciudadana y la implementación de un sistema de informes de costos de servicios de salud utilizados por cada beneficiario.
Los 4 compromisos restantes corresponden 1 al Ministerio Público, 1 a la Defensoría del Pueblo, 1 al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y 1 al Mecanismos Nacional de Prevención de la Tortura.
Paralelamente existen otros 9 compromisos, de 7 instituciones del Poder Ejecutivo, que siguen siendo analizados y que se espera sean aprobados para el mes de diciembre.
El cuarto Plan 2018-2020 es el resultado de un proceso de trabajo de co-creación de más de seis meses, realizado a través de 31 talleres presenciales con la participación de 97 organizaciones de la sociedad civil y 58 instituciones estatales.
Alrededor de 1.000 personas participaron de estos talleres presentando un total de 182 propuestas, que fueron seleccionadas y priorizadas por los mismos participantes. Las propuestas priorizadas fueron revisadas por un Comité de Evaluación, integrado por representantes del gobierno y la sociedad civil, teniendo en cuenta criterios como que los compromisos deben ser medibles, alcanzables y puedan ser implementados y cumplidos a tiempo.
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