La Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) se sumó desde ayer a la implementación de la firma digital mediante un acuerdo suscripto con la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICs), en el marco de la Ley 4017/10, de validez jurídica de la firma electrónica. En el acto, estuvieron presentes los titulares de la STP, José Molinas Vega y de la SENATICs, David Ocampos.
Molinas Vega, resaltó que la utilización de la firma digital permitirá la agilización de los procesos y brindará mayor seguridad en el manejo de las documentaciones oficiales. Añadió que con esto se busca eliminar el uso excesivo de papeles en los procesos internos y se aporta transparencia en el manejo de las documentaciones.
Por su parte, Ocampos explicó que la firma digital es una herramienta esencial para dar seguridad y confianza a las redes de comunicación, ya que cumple con las dos principales características de los documentos con firmas autógrafas. Atribuir el documento al signatario y verificar que el mensaje no ha sido manipulado después de su firma.
Ambos ministros del Ejecutivo resaltaron los beneficios de la utilización de la firma digital, en reemplazo de la convencional. Entre otros enumeraron el ahorro de tiempo y dinero; el ahorro de espacio para almacenamiento de papeles, al no ser necesario imprimir los documentos para que su archivo sea legal y su contribución con el medioambiente al reducir el uso de papel y, por ende de la tala de bosques.
Resaltaron además los beneficios mediante un mayor control sobre el archivo y una gestión documental más eficiente pues firmar documentos en papel obliga a mantener un archivo de documentos firmados. Con la firma digital todos los documentos quedan custodiados en el mismo entorno, facilitándose su localización.
La SENATICs inició tiempo atrás la distribución de los dispositivos “USB Token” para la implementación de la firma digital en las instituciones del Poder Ejecutivo, específicamente a funcionarios superiores de ministerios y secretarías. Ocampos, explicó que tras un largo proceso que comenzó en 2011 con la promulgación de la ley de validez jurídica, seguido por la aparición de la primera certificadora para el sector privado y público en 2014, finalmente se van dando los primeros desenlaces en materia de utilización real en la administración pública.