El Ministerio de Justicia ha conformado la Mesa de Cooperantes para el acceso a la gestión de cooperación internacional a favor del sector vulnerable conformado por las personas privadas de libertad. Se busca el fortalecimiento de la información pública, la justicia y la protección de la identidad de las personas.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y social (STP), en su carácter de coordinadora de la cooperación internacional. Además de ser miembro del Comité Técnico Interinstitucional junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).
El objetivo es concretar cooperaciones no reembolsables para ser invertidas en las prioridades de la política penitenciaria en el marco de la reforma y de la declaración de emergencia Penitenciaria.
Para lograr esa meta se han constituido dentro de la Mesa de Cooperantes, grupos de trabajo temáticos, de Emergencia Penitenciaria, la de Desarrollo e Innovación – TIC, de Programas de Reinserción y Educación para personas en situación de vulnerabilidad en contexto de encierro, y el de Fortalecimiento Jurídico e Institucional.
Con el apoyo a este tipo de iniciativa, el CTI busca fomentar y fortalecer los procesos de cooperación internacional y bilateral para mejorar los indicadores de desarrollo y bienestar de la población. Proyectan identificar y definir proyectos de cooperación técnica y de inversión de manera complementaria, definir estrategias y mecanismos para apoyar a la ejecución de las prioridades institucionales del Ministerio de Justicia.
También se pretende apoyar el fortalecimiento de la capacidad de gestión de cooperaciones en el sector de Justicia, vinculada a sectores de vulnerabilidad representadas por las personas privadas de libertad.
El Ministerio de Justicia, igualmente plantea a través del CIT , el fortalecimiento del Acceso a la Información, de manera a potenciar y fomentar la transparencia, así como los principios de Gobierno Abierto, permitiendo el acceso a través de aplicaciones móviles.
La población penitenciaria presenta un aumento constante y significativo en los últimos años, actualmente 14.795 personas privadas de libertad con apenas un 30% de ellas con situación jurídica definida y un déficit ocupacional de -5284 lo que desemboca en sobrepoblación y hacinamiento de los establecimientos penitenciarios, son aspectos que motivan a las autoridades de la Cartera de Estado a gestionar mejoras sustanciales de manera estratégica con otras instituciones.