En un artículo publicado este domingo último 6 de agosto en el diario ABC Color, el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), José Molinas, refirió que el veto a la ley de condonación de deudas a los campesinos, decidido el viernes último por el Poder Ejecutivo, es una medida acertada.
“Es lo que se tenía que hacer, si es que se quiere contar con políticas públicas de calidad para el beneficio del desarrollo nacional”, afirmó.
Mencionó ademas que la ley de rehabilitación financiera aprobada por el Congreso y vetada por el Presidente de la República no reúne los mínimos requisitos para analizar una política seria, ya que no se tienen evidencias claves como la identificación de beneficiarios, monto del pasivo y los recursos correspondientes. “Ni siquiera podemos analizar este tema porque no tenemos la información de cuánto, de quiénes y de dónde se obtendrán los fondos para formular una política para el sector” acotó.
Molinas, resaltó que la condonación afectará los planes de desarrollo que se vienen ejecutando en el país, los proyectos que se han venido trabajando para apoyar a la familias rurales en situación de pobreza y vulnerabilidad. Agregó que se identificó hasta el momento a 100.000 familias en situación de pobreza y a 80.000 familias en condición de vulnerabilidad.
“Pero si hay un drenaje de recursos con base en un proyecto del que ni siquiera se manejan informaciones básicas sobre los beneficiarios, costo del financiamiento, etcétera, se estará coartando la posibilidad de la implementación de buenos programas y se verán afectados por políticas públicas de mala calidad, como se dará en el caso de prosperar la ley de condonación”, expresó.
Con relación a la falta de evidencias refirió que la política pública se tiene que hacer con base en la evidencia. “En el caso de la deuda campesina ni siquiera se cumplen con los requisitos mínimos para mayores análisis y no se puede ni opinar mucho al respecto porque no hay mayores datos”, resaltó.
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