Un 56 de cada 100 guaraníes del gasto total realizado por el Gobierno Nacional al mes de mayo fue invertido en programas sociales. Ello según datos proveídos por la Dirección General de Presupuesto (DGP) del Ministerio de Hacienda.
Al término de mayo la inversión social alcanzó unos USD 1.443 millones, cifra que supera 13% a lo invertido en el mismo periodo del 2017. De dicho monto, el 34% correspondió a Educación, el 26% a Promoción y Acción Social y el 20% a Salud.
La prioridad de la inversión social al mes de mayo que alcanzó a 56%, el 44% restante se distribuyó entre los demás sectores de la clasificación funcional del gasto público (administración gubernamental, seguridad, sector económico, deuda pública y regulación y control).
La inversión social es una clasificación del gasto público que permite contabilizar la cantidad de recursos financieros que el Estado destina a la provisión de bienes y servicios en distintos sectores sociales, principalmente en educación, salud, protección social y vivienda. Ella incluye la financiación de diversos programas sociales, que son la expresión de políticas públicas e iniciativas del Gobierno orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población que tiene ciertas necesidades aún no satisfechas.
Entre los programas sociales se encuentra la “Pensión Alimentaria para Adultos Mayores en Situación de Pobreza”, que es el programa que demanda mayor inversión social por parte del Gobierno, en el que se destinó unos G. 479 mil millones, beneficiando a más de 190.528 adultos mayores.
Sobre el Programa
La Ley N° 3728/2009 “Que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza” determina que “la pensión alimentaria es para adultos mayores de 65 años cumplidos en adelante, que viven en situación de pobreza, de nacionalidad paraguaya natural y fije domicilio en el territorio paraguayo.
La selección se realiza a través de la Ficha Social que es una herramienta aplicada por la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) para identificar a las familias por su condición de pobreza y para la adecuada toma de decisiones en materia de recursos y acciones desde el Estado.